- Militares de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) en conjunto con la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA) han asumido el compromiso de reencontrar el orden en las cárceles de Honduras.
[dropcap]P[/dropcap]or decreto Ejecutivo las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) en conjunto con la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA) tendrán un periodo de seis meses para crear estrategias y propuestas que recuperen la tranquilidad en los centros penales del país.
José Domingo Meza, portavoz de las FFAA, manifestó que a través del trabajo que se realice en conjunto con las demás instituciones se dará respuestas para solventar la situación que se ha estado dando en los centros penitenciarios.
“El PCM da amplia participación para que se puedan tomar todas las acciones necesarias con una visión de orden estratégico; A pesar de ser privados de libertad tienen derechos humanos, se debe garantizarles la vida”, precisó Meza.
Cabe resaltar que el sistema penitenciario tiene una serie se bondades como la reinserción, rehabilitación, además de convenios con la Secretaría de Educación, Universidad de Defensa y el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).
De acuerdo con Meza en el país se contabilizan 21,629 privados de libertad, de los cuales 9,052 están condenados y 11,199 están procesados; hay un porcentaje mayor de personas que están esperando condena, pero ahí es donde entrará el trabajo de los operadores de justicia como parte del trabajo en equipo.
La comisión interventora, a criterio del entrevistado, tiene que ser incluyente e integrada con las instituciones que trabajan con derechos humanos, ya que la función de las Fuerzas Armadas es ser un brazo de apoyo con carácter operativo.
«Esta comisión tiene amplios poderes, el insumo que salga de las reuniones incluyentes darán respuesta a los problemas del sistema carcelario», agregó.
Toma de decisiones
El coronel retirado, Agustín Avelar, experto en seguridad opinó que la solución a la crisis en centros penales inició por reconocer y tomar decisiones.
«La solución inicia con la decisión del Ejecutivo, Consejo de Ministros, Consejo de Seguridad Nacional más el asesoramiento de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia Nacional», detalló.
De igual manera reconoció que «todo iba con éxito, previo a la muerte de Magdaleno, estaba saliendo bien».
Sobre los autores intelectuales señaló que «es la ATIC y la DPI, los responsables de presentar las pruebas para judicializar el caso» al mencionar que a la gente se le ha sembrado una duda.
El analista resaltó que es importante entender que las FFAA estuvo participando en las actividades, pero en su carácter de apoyo temporal, no tenía responsabilidad directa de autoridad para asumir las tareas que les correspondía.
A su vez destacó que “estar asustado con los plazos ya que es corto», es decir con el tiempo que se le ha dado a la comisión interventora para alcanzar logros positivos.
Describió que «no es tan sencillo”…ya que se deberá evaluar de forma completa el sistema, recurso humano (formación, capacitación y la idoneidad de cada uno de ellos) y capacidad técnica, tecnología, los sistemas activos y pasivos.
Varias hipótesis en muerte de Magdaleno
También confió que hay al menos cuatro hipótesis sobre el caso de Magdaleno «una gran mayoría quiere escuchar que el Presidente es el responsable y (el hecho) fue planificado a altos niveles».
De igual manera definió como ridícula la opinión de decir que las operaciones se ejecutaron por la relación con una narcolibreta. Prosiguió: «la gente desea que al Estado o gobierno le salga todo mal. Hay gente muy molesta. Grupos que tienen los medios, contactos y venganza para planificar operaciones de este tipo».
Avelar reiteró que «ese grupo tiene las capacidades, la preparación, los contactos y sobre todo la venganza».
Hay otra hipótesis, dijo Avelar que en los centros penales hay una lucha de poder, con cuatro grupos totalmente diferentes. Que es el narcotráfico, crimen organizado, las maras que pelean por el poder.
De acuerdo con el coronel retirado, en las cárceles tradicionales la lucha no solo es por las drogas y el alcohol, también el control. Ejemplificó que «se alquilan hasta los metros cuadrados».
A si mismo se refirió a que “en las cárceles de máxima seguridad la lucha es de los carteles del narcotráfico».
Instituciones sólidas
El Decreto de Emergencia en su artículo número 3, señala que la comisión interventora de FUSINA tiene la misión de lograr la normalización y correcto funcionamiento de los Centros Penitenciarios y en los Centros Pedagógicos de Internamiento para menores infractores privados de libertad, priorizando los de máxima seguridad.
El representante de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Omar Rivera, destacó que «el solo hecho de reconocer que hay una emergencia y solicitar apoyo de dos instituciones sólidas y de prestigio en el país como las Fuerzas Armadas y Policía Nacional es paso importante para evitar que esto que mirábamos que iba a lo negativo se detenga».
Rivera aseguró que el buen desempeño de la junta interventora dependerá de tres elementos fundamentales como ser la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
También agregó que observa la decisión de intervenir los centros penales «como una esperanza y estaremos vigilantes en el buen desempeño de FUSINA y poder colaborar».
La comisión interventora rendirá un informe al final de su misión y un informe de avance de acciones tomadas casa mes incluyendo el efecto de las medidas orientadas a alcanzar el equilibrio administrativo, operativo y financiero de la institución, así como las recomendaciones para su restructuración, modernización y mejora.
Los militares asignados a la misión de los centros penales son profesionales capacitados en derechos humanos bajo el mando de las FFAA y la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA).
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