- La clasificación y reordenamiento de los privados de libertad es bajo sus propios expedientes delictivos.
- La rehabilitación para la reinserción son parte de propuestas de la Junta Interventora.
Tegucigalpa, 10 de febrero de 2020. La Junta Interventora de los Centros Penales trabaja en la actualidad en el reordenamiento de los reos según sus expedientes delictivos así como en procesos de rehabilitación.
Esta labor inició desde diciembre 2019 al entrar en funciones la Interventora, con la finalidad de proteger la vida de los privados de libertad.
“No es una tarea fácil, porque son bastante los actores e intereses que hay, lo que debe hacer es el reordenamiento, orden y el control, y que reciban el trato adecuado basado en derechos humanos bajo procedimientos enmarcados en ley”, dijo José Arsenio Gonzáles, Director de la Junta Interventora.
De acuerdo con el entrevistado se ha encontrado hacinamiento porque se detiene a personas y se llevan a los centros penales, “y en este sentido se va aumentando la población penitenciaria y tiene incidencia en los índices delincuenciales”.
Gonzáles dijo que “la comisión está encargada de dar estabilidad definitiva al sistema carcelario y lo estamos haciendo con una estrategia integral, esto ha conllevado a realizar tareas operativas y administrativas y analizar las medidas y posibles soluciones en el corto y mediano plazo”.
El director de la Junta Interventora describió que “para esta labor estamos tomando medidas preliminares como el reordenamiento de la población penitenciaria de acuerdo a su expediente criminológico además de talleres de educación formal e informal para reinsertarlos o a la sociedad”.
También se trabaja en la certificación del personal penitenciario realizando las pruebas de confianza como el polígrafo, antidoping y otro tipo de pruebas.
“Hemos recurrido a la OEA para que ellos nos validen los protocolos y estrategias en los centros penales”, explicó.
Sobre el enfoque de la reinserción social manifestó que están conscientes de la situación y los problemas del trabajo que realizan, así como el objetivo de dar seguridad a los privados de libertad.
Identificación de problemas
“Esto de los centros penales no es exclusivo de Honduras, se ha generado en otros países, esto se genera a través de diferentes intereses dentro de los privados de libertad, siempre van a estar en contra de quienes colaboren para tener el control porque ellos pretenden tener el control”, aseguró Gonzáles.
De igual manera, dijo estar consciente de la multiplicidad de problemas, y que no tienen una varita mágica, tenemos el día a día, a medida que vamos trabajando vamos descubriendo diferentes situaciones, pero si lo importante es que están trabajando al cien por ciento.
Por su parte el portavoz de FUSINA, José Coello, indicó que la crisis del sistema penitenciario es desde hace muchos años, y parte de los factores que generaron el colapso del sistema penitenciario es el hacinamiento que presentaban espacios como el Centro Penal de San Pedro Sula.
“Pudimos ver una notable reducción de la incidencia delictiva, cuando este centro penal se cerró”, manifestó.
Coello a su vez hizo el recuento sobre las cárceles ya que con anterioridad eran consideradas centros o escuelas del mal, donde se planificaban extorsiones y sicarito, sumado a la cantidad de armas, lanza granadas, y artefactos explosivos que se decomisaban en las operaciones de requisa.
De acuerdo con el entrevistado el uso y manejo de armas al interior de los centros penales prácticamente era una bomba de tiempo.
Avances
El Estado en los últimos años se ha preocupado en crear centros penales con mejores estándares de calidad, se ha creado también la Fuerza Nacional de Control de Centros Penales, y se han instalado los “Body Scan” o escaneo del cuerpo para frenar el ingreso de drogas, armas y municiones.
Pormenorizó que el Centro Penal de Támara, posee módulos de máxima seguridad, se ha mejorado los accesos, los anillos internos y externos de seguridad, a través de la Fuerza Nacional de Control de Centros Penales.
Así mismo, junto con la Comisión Interventora de Centros Penales, representantes de los derechos humanos se trabaja en la mejora del servicio para las visitas, en especial cuando se trata de personas de la tercera edad, embarazadas, niños.
Al concluir la primera fase de la intervención se ejecutarán acciones de estabilización y la tercera etapa de transición.
El representante del Sistema Pedagógico para Menores, Miguel Martínez Madrid, dijo que “como miembros de la Junta Interventora en los centros pedagógicos de menores vamos a ser no solo veedores sino que también investigadores.”
Madrid, se comprometió a reportar cualquier irregularidad que esté sucediendo y pondrán a disposición del Ministerio Público, a cualquier involucrado en acciones ilícitas de facilitar armas, celulares o drogas a cualquier interno.
Explicó que “en los centros pedagógicos para menores es donde están los que tienen conflictos con la ley, a pesar de los buenos avances que hemos encontrado como Comisión hay irregularidades y estamos colaborando en la estabilización del sistema donde hemos encontrado menores de edad y estamos dando las mejores medidas de seguridad en estos protocolos”.
“Hemos visto contraproducente las reformas tomadas por el Congreso Nacional y el decreto 35 del 2013 donde habla en el artículo 80 que dice que: el cumplimiento de los 18 años no afecta la sujeción al proceso del niño o niña, ni a las medidas o tratamientos y sanciones decretadas por la autoridad competente.”
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“Quiere decir que si este adulto tiene 26 años de edad ahora anda libre, cometió un asesinato en el 2000 y se realiza las diligencias, se captura, se remite al adulto y va ser tratado como un niño y va gozar de los privilegios en un centro pedagógico de menores o sea de una escuela pero ya es un –hommie- ya es un líder de la pandilla 18 o una organización delictiva”.
Continuó “Esta persona tiene 24, 25 años de edad por lo tanto para muchos analistas en materia de seguridad esto es muy contraproducente, tener mayores de edad con niños de 14, 15 años, los están instruyendo, a la vez nosotros como autoridad tenemos que darle continuidad, a la aplicación al respeto de convencionalidad a los tratados en que Honduras es participe y firmante, y estamos limitados al revisar los protocolos de seguridad que serían indispensables para mantener un control propicio de estos centros de menores” .
“En algunos de los centros son semi abiertos y no se van porque no quieren porque tienen un buen trato, comida, ellos pueden salir porque no hay muro ni una verja, ellos pueden salir al otro lado de la calle a comprar a la pulpería porque son lugares donde jóvenes menores que tienen conflicto con la ley han cometido infracciones que no son consideradas de niños con alto riesgo”.
Acotó que “En el caso del centro pedagógico ubicado en la Dirección de Fuerzas Especiales en la colonia 21 de octubre donde tenemos tres anillos de seguridad, hace dos años ahí hubo un túnel el cual fue encontrado y se evitó una fuga masiva; este es un centro de alta seguridad donde tenemos torreones, medidas altas donde hay niños desde 14 hasta jóvenes de 25 de edad”.
“La reforma al artículo 80 se cree que es muy contraproducente porque estos jóvenes adultos están prácticamente instruyendo a los menores hommies para ser líder de la mara”.
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